The Department of the Interior issued a memorandum restricting flags that can be displayed at National Park Service sites to the US flag, Department of Interior flags, and POW/MIA flag, with limited exemptions for flags that “provide historical context” or are part of historic reenactments. On February 9-10, 2026, the National Park Service subsequently removed the Pride flag from Stonewall National Monument in New York City, the nation’s first national monument dedicated to LGBTQ+ rights and history. The Pride flag had been displayed at the federally managed Christopher Park since President Obama designated the site a national monument in 2016. The removal follows the National Park Service’s February 2025 deletion of references to transgender and queer people from the monument’s official website, part of broader compliance with Trump administration directives. New York officials and LGBTQ+ advocates condemned the flag removal as deliberate erasure of cultural history at a site designated specifically to preserve that history.

Attorney General Pam Bondi issued a memo directing the FBI and federal prosecutors to compile lists of organizations the Justice Department classifies as potential “domestic terrorist” threats based on ideological views including “radical gender ideology,” “anti-Americanism,” “anti-capitalism,” and “anti-Christianity.” The memo implements National Security Presidential Memorandum 7 (NSPM-7) and authorizes the FBI to review intelligence from the past five years, solicit tips through an upgraded system with financial rewards for informants, and directs the Treasury Department to audit nonprofits’ taxes. The directive may encompass arts and cultural non-profit organizations and institutions whose artists or past programming explored themes related to race, gender, immigration, or nationalism, among others. The vague and overbroad nature of the directive could create a strong chilling effect for arts and cultural organizations.

Un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos anuló una orden judicial de un tribunal de distrito que había bloqueado la aplicación de la Ley 12 del Senado de Texas desde 2023, lo que permitió al estado reanudar la aplicación de la ley que restringe las «actuaciones de carácter sexual» en público o ante menores. El fallo determinó que la mayoría de los demandantes carecían de legitimación y remitió el caso para una nueva revisión constitucional según los nuevos estándares de la Corte Suprema. La ley impone sanciones por delitos menores de clase A (hasta un año de cárcel y una multa de 4000 dólares para las personas físicas; hasta 10 000 dólares para las personas jurídicas), lo que suscita preocupación por la supresión del arte del espectáculo drag y la expresión cultural LGBTQ+, a pesar de la declaración del tribunal de que la ley solo se aplica a las actuaciones consideradas «de carácter sexual» y «eróticas».

El 28 de octubre de 2025, la Casa Blanca destituyó a los seis miembros en activo de la Comisión de Bellas Artes de los Estados Unidos por correo electrónico, informándoles de que sus cargos quedaban «destituidos con efecto inmediato». La Comisión, creada por el Congreso en 1910, asesora al presidente, al Congreso y a Washington D. C. en cuestiones de diseño y estética de monumentos federales, memoriales, monedas y edificios gubernamentales. Un funcionario de la Casa Blanca declaró que la administración «se está preparando para nombrar a una nueva lista de miembros de la comisión que estén más alineados con las políticas de "America First" del presidente Trump». Los despidos se produjeron cuando se esperaba que la Comisión revisara los controvertidos proyectos de construcción de Trump, entre los que se incluyen un salón de baile de 8361 metros cuadrados y un arco triunfal en la Casa Blanca, lo que suscitó preocupaciones sobre la interferencia política en la supervisión cultural y arquitectónica independiente.

Todd Arrington, director de la Biblioteca Presidencial, Museo y Casa Natal de Eisenhower, se vio obligado a dimitir el 2 de octubre de 2025 tras rechazar la petición de la administración Trump de ceder una espada propiedad de Eisenhower que formaba parte de la colección de la biblioteca como regalo para el rey Carlos III durante la visita de Estado del presidente en septiembre. Arrington sostuvo que los artefactos donados pasan a ser propiedad del pueblo estadounidense y ofreció una réplica en su lugar, que finalmente fue proporcionada por West Point. El 29 de septiembre, los supervisores de la Administración Nacional de Archivos y Registros le dijeron a Arrington que «dimitiera o sería despedido», alegando que «ya no se podía confiar en él con información confidencial» relacionada con la disputa sobre la espada. Su destitución suscita preocupación por la injerencia política federal en la autoridad curatorial y la preservación del patrimonio cultural de propiedad pública en las instituciones nacionales.

A finales de agosto y septiembre de 2025, el Departamento de Educación envió notificaciones de no continuación a docenas de beneficiarios de subvenciones federales a mitad de los periodos de subvención plurianuales, entre los que se incluían iniciativas de educación artística, programas de educación cívica y alfabetización, y proyectos de educación superior. Las notificaciones indicaban que los programas ya no se ajustaban a las prioridades de la política educativa de la administración en materia de «mérito, equidad y excelencia», y algunas de ellas alegaban violaciones de la ley federal de derechos civiles según la interpretación de la administración. Entre las subvenciones canceladas se encontraban al menos nueve iniciativas de educación artística financiadas por el programa de Ayuda a la Educación Artística, incluido un proyecto de la Universidad de Nebraska-Lincoln para incorporar la enseñanza del arte en todas las materias, que perdió su último año de financiación. Los beneficiarios de las subvenciones tuvieron siete días para apelar, lo que dejó a las instituciones y a los educadores ante una interrupción repentina de la financiación y la incertidumbre sobre la continuación del programa.

El 22 de agosto de 2025, la NEA canceló su programa de becas de escritura creativa para el año fiscal 2026, notificando a los solicitantes por correo electrónico que la categoría de escritura creativa había sido «retirada por la Agencia». El correo electrónico indicaba que la NEA estaba «actualizando sus prioridades en materia de políticas de concesión de subvenciones para centrar la financiación en proyectos que reflejen el rico patrimonio artístico y la creatividad de la nación, según las prioridades de la Administración», incluyendo el apoyo a las HBCU, las instituciones al servicio de la comunidad hispana, el 250 aniversario de América, los lugares de culto y la competencia en materia de inteligencia artificial. Las becas, que desde 1966 ofrecían hasta 50 000 dólares a escritores de ficción, no ficción creativa y poesía publicados, han apoyado a autores destacados como Alice Walker, Maxine Hong Kingston, Louise Erdrich y Sandra Cisneros.

El USCIS emitió la Alerta de Política PA-2025-16 en la que ordena a los funcionarios que asignen un «peso discrecional abrumadoramente negativo» a las pruebas de que los solicitantes de inmigración han «respaldado, promovido, apoyado o defendido» ideologías antiamericanas, antisemitas o terroristas a la hora de adjudicar las solicitudes de prestaciones. La política se aplica a los beneficios migratorios discrecionales, incluyendo el ajuste de estatus, la autorización de trabajo, los cambios y extensiones de estatus, y afecta a los estudiantes internacionales de artes (F-1), a los participantes en intercambios culturales (J-1) y a los artistas que solicitan permisos de trabajo (H-1B, O-1). Los funcionarios revisan las redes sociales y la actividad en línea de los solicitantes en busca de contenido considerado antiamericano, lo que crea un efecto intimidatorio sobre la expresión artística y política de los trabajadores culturales en el sistema migratorio de Estados Unidos. Los grupos de derechos humanos han advertido que la definición imprecisa de «ideologías antiamericanas» otorga a los funcionarios una amplia discrecionalidad para denegar las solicitudes si el solicitante tiene opiniones que, aunque pacíficas, pueden no ser del agrado de la actual administración presidencial.

Parties affected: On July 22, 2025, the U.S. announced its withdrawal from UNESCO, citing the organization’s “divisive social and cultural causes” and perceived anti-Israel bias, effective December 31, 2026. The withdrawal eliminates U.S. influence over international cultural policy and ends American institutions’ access to UNESCO funding, partnerships, and networks for heritage conservation. U.S. World Heritage sites lose access to international preservation support and expertise, while museums, universities, and cultural organizations are cut off from global collaboration on heritage protection. Critics warn the move weakens multilateral safeguards for cultural heritage worldwide and cedes cultural diplomacy leadership to other nations.

El 27 de junio de 2025, el Tribunal Supremo dictaminó por 6 votos contra 3 en el caso Mahmoud contra Taylor que las escuelas deben notificar a los padres y permitir la exención religiosa de las clases que utilicen libros de cuentos con temática LGBTQ. La decisión crea incentivos legales y económicos para que las escuelas retiren de forma preventiva la literatura LGBTQ+ de las aulas con el fin de evitar demandas judiciales, lo que restringe de forma efectiva el acceso de los estudiantes a expresiones culturales diversas y limita su capacidad de participar en una educación literaria que refleje identidades y experiencias variadas. La disidencia de la jueza Sotomayor advirtió que el fallo tendría un «efecto paralizador» que conduciría a la censura de materiales artísticos y culturales en los planes de estudio de las escuelas de todo el país.

El Departamento de Estado emitió un comunicado de prensa y el correspondiente cable en el que exigía a todos los solicitantes de visados F, M y J que configuraran todos sus perfiles en las redes sociales como «públicos» para que los funcionarios consulares pudieran revisar «toda su presencia en línea». Los funcionarios deben rechazar temporalmente los casos en virtud del artículo 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para llevar a cabo una investigación posterior a la entrevista en busca de «actitudes hostiles hacia los ciudadanos, la cultura, el Gobierno, las instituciones o los principios fundacionales de los Estados Unidos». Esta política crea importantes obstáculos y retrasos en la tramitación para los estudiantes internacionales y los participantes en intercambios culturales, ya que, en la práctica, filtra la expresión artística y política como criterio de elegibilidad para obtener el visado. El requisito obliga a los artistas, músicos, profesionales del teatro y estudiantes a exponer todo su contenido en línea a la vigilancia del Gobierno y a autocensurar su expresión para obtener visados para estudiar o participar en intercambios culturales en Estados Unidos. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por que esta barrera de entrada pueda utilizarse para discriminar a los solicitantes de visados cuyas opiniones o creencias no se ajusten a las de la actual administración presidencial.

La Proclamación Presidencial 10949 estableció restricciones de viaje a 19 países, con suspensión total de entrada para 12 países (Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen) y la suspensión parcial para 7 países (Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela), restringiendo los visados de inmigrante y los visados de no inmigrante B (visitante), F (estudiante), M (formación profesional) y J (intercambio cultural). La proclamación limita directamente el intercambio cultural y la movilidad artística, impidiendo la entrada en Estados Unidos a artistas internacionales, estudiantes de universidades artísticas y participantes en intercambios culturales procedentes de estos países. Los visados válidos expedidos antes del 9 de junio de 2025 siguen siendo válidos, pero los nacionales de estos países no pueden obtener nuevos visados, salvo en casos excepcionales de interés nacional. Un juez federal ya ha limitado la proclamación de la prohibición de viajar del 4 de junio de 2025 (Proclamación 10949) al dictaminar que el Gobierno no puede utilizarla para bloquear la entrada de 80 refugiados previamente investigados, lo que demuestra que los tribunales están examinando su aplicación, aunque la proclamación en sí misma siga en vigor.